Una política anti campo

La autora de la nota plantea que las actitudes del gobierno nacional hacia el agro evidencian una postura de “economía cerrada” que desprecia la importancia de las exportaciones, descuida a las economías regionales y genera polémicas con socios clave como Brasil, la UE y EE.UU.. Dice que, además, se pone un techo a un sector que tiene un enorme potencial.

A cuatro años del rechazo de la Resolución 125, el gobierno continúa con su política contra el campo, que es en definitiva contra el interior, y que cuenta con el apoyo de los sectores ineficientes de la economía argentina y de ideólogos desactualizados y prejuiciosos.

El sector rural se destaca en el país por ser el único que sin subsidios ni prebendas es competitivo en el mundo, y el que soporta, además, gran parte de la carga impositiva junto a los asalariados, cuando en la Unión Europea y en los Estados Unidos es generosamente subsidiado.

El interior cuenta con una genuina burguesía nacional, que ha convertido al campo en una industria agroalimentaria que es orgullo argentino. Provee exportaciones, da trabajo, actúa de locomotora de la industria nacional con su equipamiento de maquinarias, demanda productos de alta tecnología y paga enormes impuestos.

Pero no es comprendido por un gobierno personalista, que confunde el ejercicio del poder de una república democrática con modos propios de la autocracia, y que no reconoce ni las limitaciones institucionales ni suple su falta de conocimiento en numerosos temas con un equipo capaz.

Caracteriza a este gobierno la ineptitud junto con el anacronismo. Predomina una concepción de economía cerrada propia de otros tiempos, donde el campo debe ser un proveedor de alimentos baratos para suplir la incapacidad de otras actividades en pagar salarios altos a los trabajadores urbanos.

El concepto de economía cerrada desprecia la importancia de las exportaciones, pues cree en un sector industrial al que se le reserva un mercado interno para venderle productos caros y de mala calidad.

Un país como China, con mil setecientos millones de habitantes, es un gran exportador, y tiene un mercado interno enorme. El gobierno argentino actual, en cambio, apuesta a la autarquía en vez de un modelo de desarrollo armónico que conquiste los mercados mundiales con los productos del complejo agroindustrial.

Hace algunas décadas existía el problema del deterioro de los términos del intercambio. Desde principios de este siglo los precios internacionales benefician a la producción alimentaria.

Lo que proponemos es exportar la mayor cantidad posible de alimentos elaborados al mundo, y eso generará un importante desarrollo industrial, y que se reconozca que el sector que en estos últimos veinte años aplicó masivamente ciencia y tecnología ha sido el rural. Sin duda que la demanda de equipos de los productores posibilitará la competitividad internacional de la industria proveedora de maquinaria agrícola, en su mayor parte de empresarios nacionales que viven en las ciudades del interior.

La mesa de los argentinos que el gobierno decía preservar significó la duplicación del precio del pan, a pesar de la baja de la rentabilidad del trigo y los límites a su exportación. El resultado es que este año la superficie sembrada con trigo es menor en un 46 % a la normal, y la baja del stock ganadero en unos diez millones de cabezas vacunas es la respuesta a los dislates en el comercio de carnes.

En diciembre de 2008, la Presidenta anunció la creación de cinco mega feedlots, con capacidad para 40.000 cabezas cada uno. A casi cuatro años, todavía no se iniciaron las obras.

El Mercosur y la mentada reindustrialización sólo se han concretado en la industria automotriz, que exporta con 12.000 millones de dólares pero importa por el doble.

La comercialización de las cosechas sufre la falta de infraestructura, que se traduce en el aumento de los costos. La extensión de las fronteras agropecuarias encaradas por empresarios que actúan como pioneros, padecen el “impuesto a la distancia” ante las carencias del sistema de transporte.

La red caminera está deteriorada en el 70% y es insuficiente por contar con un solo carril por sentido de circulación. El interior del país requiere una red de autopistas seguras que, además, permita reemplazar los camiones de 28 toneladas por equipos de 50 a 100 tn. La línea del ferrocarril Belgrano sigue cortada hacia el norte a partir de Tostado. Hace años, el gobierno anuncia inversiones chinas para modernizar el Belgrano Cargas, que nunca se concretan. Además, se propone la importación de todo el equipamiento, consagrando la renuncia a una industria ferroviaria nacional. No se han construido ni la circunvalación ferroviaria de Rosario ni la segunda autopista de circunvalación de la misma ciudad. De la red de rutas provinciales de unos doscientos mil kilómetros sólo están pavimentados unos treinta y tres mil kilómetros.

Las economías regionales del interior están todas en crisis, y a los problemas de las retenciones se agregan las demoras en los reintegros, el retiro del Banco Nación, que se dedica a prestar al Gobierno, el retiro de los depósitos en dólares de los bancos, que resta recursos a la refinanciación de exportaciones, el creciente aumento de los costos, y las sanciones de Brasil, la Comunidad Europea, y EE.UU por las trabas que el gobierno pone a las importaciones de esos países.

Hay dificultades para la industria vitivinícola, que pierde competitividad en el mercado externo otrora conquistado, como otras actividades que dan empleo en las economías regionales y que -parece- deben financiar los problemas de un Mercosur diseñado para las multinacionales automotrices. El cierre de plantas y la pérdida de puestos de trabajo son noticia diaria.

Por otro lado, se subsidia el ensamble de televisores importados en Tierra del Fuego, que de nacional sólo tienen el tergopol del embalaje. Ese dinero en infraestructura de transporte incrementaría notablemente la productividad del interior. Pero prefieren el clientelismo a la modernización. Es cierto, en política se puede hacer lo que se quiere, lo que no se puede es controlar las consecuencias. Entre lo no hecho y lo mal hecho, este Gobierno continúa dinamitando el sector más vital de la economía nacional.